Mi Ambiente

MINISTERIO DE AMBIENTE (MIAMBIENTE) nombre anterior Autoridad Nacional del Ambiente.

Con la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, se crea la ANAM como una entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

Podemos señalar que en la legislación panameña en materia ambiental las sanciones que más sobresalen, son las sanciones administrativas, las cuales son impuestas directamente por la ANAM la cual se encuentra establecida en la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, en su artículo 114, la cual le da esa facultad a dicha institución para sancionar a quien cause daños al ambiente, poniendo así las multas que correspondan de manera recíproca a los daños ocasionados.

La ANAM responde a la obligación del Estado de velar por la conservación del ambiente panameño y que no sólo se encuentra establecido expresamente en la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, sino que nuestra Carta Magna también lo establece, de que el Estado panameño tiene la obligación de conservar y proteger el ambiente como patrimonio de todos los panameños, pero el Estado no sólo tiene la obligación de salvaguardar el ambiente, sino también de administrar de manera coherente los recursos naturales renovables y no renovables.

Esta idea la aclara el artículo 1 de la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, la cual establece: “La administración del ambiente es una obligación del Estado, por tanto, la presente Ley establece los principios y normas básicas para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales”.

Por ende, la institución facultada para conocer los problemas del ambiente es la ANAM para lo cual se requiere hacer una denuncia o interponer una demanda, lo cual se podría efectuar paralelamente en los tres (3) ámbitos: civil, administrativos y penal.

En materia administrativa, se presenta una queja ante la ANAM y una vez expedida la Resolución, se ejerce la acción a través de un abogado. En el Título VIII, de la Responsabilidad Ambiental, Capítulo II, Infracciones Administrativas.

Además, mediante la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, en su artículo 13 le confiere a la ANAM, jurisdicción coactiva para que la ejerza en el cobro de las sumas que se le adeuden debido al incumplimiento de las normas ambientales. Y está jurisdicción coactiva será ejercida por el Administrador o Administradora General, quien a su vez podrá delegar en otro servidor público de la entidad.

Cuando la ANAM mantenga créditos de difícil recuperación y altas morosidades de sus deudores, los mismos deben ser sometidos al cobro coactivo. El Decreto Ejecutivo No. 207 de 2000, “por medio del cual se establece la nueva estructura organizacional y funciones adoptada por la Autoridad Nacional del Ambiente y presentada al Ejecutivo por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas tal como se describe en la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998” establece en el numeral 3.3 del artículo 1, que le corresponde a la Dirección de Asesoría Legal realizar los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva, tendientes a recuperar gran parte de la cartera morosa de la ANAM.

Por su parte, la Resolución No. AG-0311-2003 de 9 de julio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 24,866 de 14 de agosto de 2003, define la Jurisdicción Coactiva en el Capítulo 1 como “la facultad que le otorga el Estado, mediante la ley, a los servidores públicos que ocupan cargos definidos, para hacer, para hacer efectivo el cobro de los créditos y rentas que exista a favor del ente estatal al cual prestan servicios”. Además nos define el Cobro Coactivo como “el conjunto de actos y gestiones procesales establecidas por la ley, necesarios para obtener la recuperación de los créditos, rentas y deudas en generales”. Otra definición importante que nos da esta resolución es la de Resolución Ejecutiva que “es la decisión del funcionario recaudador iniciar el proceso por cobro coactivo”. Para someter un crédito al cobro coactivo es necesario que se cumplan ciertos requisitos:

  • Que el deudor no haya cumplido con sus obligaciones derivadas de un contrato, resolución ejecutoriada u otro documento del la autoridad correspondiente.
  • Que el funcionario de la Dirección Nacional de Administración y Finanzas, departamento de Finanzas, sección de Cuentas Especiales de la ANAM, haya efectuado sus gestiones de cobro.

Cumplidos los requisitos anteriores, entonces le corresponde a Asesoría Legal, expedir la resolución de ejecución y concluidos los trámites administrativos, se da inicio al proceso de cobro coactivo.

Asesoría Legal, a través del o de los funcionarios asignados para ejercer esta función, son los responsables directos del ejercicio de la jurisdicción coactiva y está obligada a adoptar las medidas necesarias para que los procesos se desarrollen de conformidad a lo ordenado por la ley. Las transacciones judiciales, arreglo de pago y cualquier otra medida que afecte el desarrollo normal del proceso por cobro coactivo serán autorizadas por el Administrador General de la ANAM.

El Juez Ejecutor debe estar presente en los actos de remate y velar porque en los mismos se obtenga mayor beneficio a favor de la ANAM. En los procesos de ejecución no hay condena en costas y el juez solamente fijará los gastos judiciales de conformidad con lo estrictamente necesario para la tramitación como lo dispone el artículo 1777 del Código Judicial. Ahora bien, el Juez Ejecutor en lo que respecta a las apelaciones, incidencias, tercerías, excepciones y nulidades, se someterán los dispuesto en el artículo1780 del Código Judicial, que establece que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, es la autoridad competente para conocer estas materias.                                                                  

SANCIONES AMBIENTALES ADMINISTRATIVAS

El principio contaminador-pagador ha sido adoptado por la mayor parte de las legislaciones ambientales modernas. Así la Comunidad Económica Europea, definió el principio en un anexo a sus recomendaciones del Consejo del 3 de mayo de 1975, en los siguientes términos: Las personas naturales o jurídicas, sea que estén regidas por el Derecho Público o Privado, que son responsables por contaminar, deben pagar los costos de las medidas que sean necesarias para eliminar dicha contaminación o para reducirla hasta los límites fijados por los estándares o medidas equivalentes adoptados para asegurar la calidad y cuando ellos no fueren fijados, con lo estándares o medidas equivalentes fijadas por autoridades públicas.

Esto se basa en las teorías, de la compensación y el valor: Paga quien hace necesaria una acción gubernamental depuradora y en la medida del costo de la misma; y, paga, quien se beneficia por contaminar y en la medida de las utilidades que obtiene.

Por tanto, para la Comunidad Económica Europea, será contaminador, quien directa o indirectamente dañe el ambiente o crea las condiciones conducentes a tal daño ambiental.

De lo expuesto, sobresalen dos aspectos: Primero, nadie escapa al pago de la contaminación por él producida, sea directa o indirecta y segundo, el monto impuesto por multa es equivalente al daño ocasionado. Como lo establece la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, denominada Ley General de Ambiente de la República de Panamá, la cual establece en su Título VIII, Capítulo I, artículo 108 que “el que, mediante el uso o aprovechamiento de un recurso o por el ejercicio de una actividad, produzca daño al ambiente o a la salud humana, estará obligado a reparar el daño causado, aplicar las medidas de prevención y mitigación, y asumir los costos correspondientes”, lo cual hace referencia a una responsabilidad ambiental administrativa.

Las sanciones administrativas no son o no deben ser interpuestas solamente con el propósito de castigar al que comete el daño ecológico, sino también con el ánimo de que deba reparase el daño que ha sido causado; pero hay que hacer la salvedad que, en la mayoría de los casos, los daños al ambiente natural son irreversibles y en el caso de que no sean destruidos totalmente los recursos naturales es muy poco lo que puede hacerse para salvarlos, como ocurren en el caso claro de la biodiversidad.

La sanción administrativa debe ser justa y además de acuerdo con el daño que se causa al ambiente natural y he allí el problema, ya que en nuestro actual sistema jurídico ambiental no son equitativas las sanciones con respecto los daños ecológicos que se presentan, pero debemos destacar que no es tan simple el establecer tales sanciones jurídicas porque son situaciones diversas las que se presentan, en la mayoría de los casos.

TIPOS DE SANCIONES AMBIENTALES ADMINISTRATIVAS

Seguidamente mencionaremos las diferentes sanciones que nombran las distintas leyes ambientales las cuales son la Ley No. 24 de 7 de junio 1995, denominada Vida Silvestre; Ley No. 1 de 3 de febrero de 1994, Ley Forestal; Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, Ley General del Ambiente.

  • Multas, son las penas pecuniarias que se imponen por faltas administrativas o de policía por un incumplimiento de alguna norma, pues se debe pagar con dinero el daño ecológico causado.
  • Decomiso de instrumentos o herramientas, utilizadas para realización de actos que atenten o dañen el ambiente natural.
  • Cancelación de licencias o permisos, ya sean comerciales o no, cuando hayan sido a través de autorizaciones especiales, son canceladas cuando atentan contra los recursos naturales o causan desastres naturales.
  • Inhabilitación para obtener permisos o concesiones forestales, para realizar actos que deben ser autorizados por la ANAM, debido a que si no se hacen los estudios respectivos como los de Impacto Ambiental que según la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, dice que deben realizarse para describir las medidas para entrar, reducir por daños ecológicos.

CUANTÍAS SEGÚN LA LEY No. 41 DE 1 DE JULIO DE 1998

La ANAM puede sancionar a los que violen las normas que se encuentran contempladas en la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, como lo expresa en su artículo el 114 de dicha ley.

Como hemos señalado, la ANAM tiene la facultad para aplicar multas por un valor máximo de diez millones de balboas con cero centésimos (B/. 10,000,000.00).

El Consejo Nacional del Ambiente es el único que puede interponer las multas de un millón con un balboa (B/. 1,000,001.00) a diez millones de balboas (B/.10,000,000.00).

El Administrador General del Ambiente impondrá multas hasta de un millón de balboas con cero centésimos (B/. 1,000,000.00). Además los Administradores Regionales también pueden imponer multas, hasta por diez mil balboas (B/.10,000.00) mediante Resolución No. AG-0021-2006 de 13 de enero de 2006, G.O. No. 25,464 la cual le otorga esa facultad.

El infractor puede recibir de la ANAM la orden de pagar el costo de la limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental.

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